SANTO DOMINGO.- El Gobierno ha sido tímido en hacer que se cumpla la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en lo que respecta a la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS) y ha consensuado demasiado para que los dominicanos reciben los beneficios. Así lo afirmó Nélsida Marmolejos, directora ejecutiva de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), quien dijo que el Gobierno tiene en sus manos, porque así lo asumió el 29 de mayo de este año y lo establece el artículo 174 de le ley 87-01, la puesta en vigencia del Seguro Familiar de Salud el primero de septiembre.

“Nosotros somos la vergüenza en América Latina en materia de salud. Tenemos el servicio de salud más caro y que menos protege a la población y es el más caro de la región, sin ningún tipo de regulación. No puede ser posible que sigamos viendo secuestro de cadáveres y de personas en las clínicas por falta de dinero”, dijo la funcionaria en el marco de un encuentro con LISTÍN DIARIO, donde estuvo acompañada de Edward del Villar y Anneline Escoto, funcionarios de la DIDA.

Afirmó que un gobierno que se precie de representar a la mayoría debe entender que debe hacer cumplir la ley, que ha encontrado tantos obstáculos para su implementación. A su juicio, la población ha sido manipulada respecto a la ley de Seguridad Social para que vea lo que le beneficia como si fuera un perjuicio. Reconoció el rol que jugó el gobierno anterior en la aprobación y promulgación de la ley 87-01 de Seguridad Social y que certeramente la inició en la parte de pensiones y riesgos laborales.

Consenso
“Lamentamos muchísimo que a seis años de una ley aprobada todavía se esté buscando consenso para garantizar su aplicación. Una ley que beneficiará a los más pobres y que garantiza superar la situación actual de salud que hay en República Dominicana. Creo que es la primera que una ley, después de aprobada, no se puede aplicar”, consideró.

Indicó que ninguna ley es voluntaria y que siempre toca intereses, pues lo que a nadie le molesta se aplica sin ningún ordenamiento legal.

Marmolejos explicó que en el caso de la Seguridad Social van dos gobiernos y desgraciadamente, aunque fue consensuada entre empleadores, trabajadores y gobierno en la gestión anterior, todavía es cuestionada y “buscándosele la quinta pata al gato”.

En su opinión, el año pasado fue muy desafortunado para la ley 87-01, especialmente porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) no pudo reunirse por desavenencias relacionadas con la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS). “Luego de la cumbre del 19 de diciembre se ha estado reuniendo periódicamente y se han aprobado una serie de puntos que permitirán viabilizar el inicio del régimen”, dijo.

Sin embargo, lamentó que luego del 19 de diciembre, cuando se fijó el primero de junio para su implementación, el SFS tuvo una nueva postergación para el primero de septiembre. Consideró fuera de lógica que haya tenido nueve posposiciones. Indicó que no se puede buscar “consenso sobre consenso” para impedir que una ley se ponga en ejecución.

Afirmó que la ley de Seguridad Social ha tenido muchos atentados que han sido contra la población. Lamentablemente, dijo, los sectores que hoy se oponen a su aplicación no se preocuparon por los atentados que ha sufrido el sistema, como es su esencia misma del financiamiento. Señaló que el artículo 20, antes de ser modificado, decía que los fondos provenientes de las confiscaciones al narcotráfico irían al patrimonio de la Seguridad Social. Indicó que las ganancias de las empresas capitalizadas también debían ir al sistema.

Otro golpe que a su entender afectó la ley 87-01 fue que la Cámara de Diputados, mediante una modificación, se excluyó para manejar su propio sistema, lo cual se le hizo saber a los legisladores a través de la Sisalril y la DIDA. “¿Por qué ahora hay tantos comunicados que no aparecieron antes?”, cuestionó.

A su entender, la ley fue violentada desde sus inicios y a nadie le molestó. Explicó que el artículo 7 establece que el primer sistema que debió empezar a operar era el Seguro Familiar del régimen contributivo, el cual debía aplicarse a los 15 meses de promulgada la ley y a los 18 meses el Seguro de Pensiones.

“Hay gente que pregunta para qué se va a cambiar lo que está bien. Decir que el sistema de salud en República Dominicana está bien, con este seguro que tenemos, es realmente quedar evidenciado ante los millones de personas que nos referimos a la falta de controles y de salud que hay en el país”, explicó Marmolejos.

Marmolejos consideró que una ley que garantice salud para toda la población en sus diferentes categorías, independientemente de su condición económica, así como un seguro de pensión y de riesgos laborales es una ley de protección social.