ERENCIA Y DESARROLLO

La educación desde la ley de educación

A partir de la lectura que se hace, desde la paradigmática Ley de Educación 66'97, los acuciantes problemas educativos trascienden por las dimensiones de su propio sector y ponen en evidencia, al mismo tiempo, la ausencia y la necesidad de una estrategia integral de desarrollo.
Ramón Morrison (*)

Desde 1990 hasta 1995 se produjo en el país uno de los más importantes movimientos socioeducativos del siglo pasado, el Plan Decenal de Educación. Tuvo dos momentos culminantes: la celebración del Congreso Nacional del Plan Decenal, del 2 al 5 de diciembre de 1992, y la Transformación Curricular.

Ambos momentos fueron el resultado de procesos altamente participativos. El Congreso cerró un ciclo de 116 congresos municipales y 30 congresos provinciales. En la Transformación Curricular participaron 10 mil personas representativas de variadas instituciones, y en sus distintas áreas paticipó un amplio número de destacados intelectuales.

Uno de los más importantes productos del Plan Decenal de Educación es la Ley de Educación 66’97, del 9 de abril del 1997.

Con la Ley de Educación 66’97 se superan 113 años de desfase entre normativa educativa general, identidad e interés nacional; eso así, por cuanto la última, y posiblemente la única normativa jurídica de esas características, previa a la actual, es la Ley General de Estudios del 29 de agosto de 1884 y que fuera el fundamento de la Reforma Hostosiana.

Se destaca cómo desde 1995 hasta hoy las distintas administraciones de la Secretaría de Estado de Educación han sido ocupadas por titulares y equipos de trabajo cuyos integrantes habían participado activamente en el Plan Decenal, jugando inclusive roles protagónicos; hoy en día tal consideración se extiende a la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

¿Cómo se explica que a 14 años y 8 meses del Congreso del Plan Decenal, y al proceso que siguió, ocupemos en calidad de educación de los últimos lugares del mundo de una lista de 115 países?

Desde la Ley de Educación podemos encontrar la explicación.

La Ley establece una inversión mínima en educación de 16% del gasto público total, o un 4% del PIB. Sucede que 10 años y cuatro meses después de haberse promulgado la Ley, no se ha alcanzado ni la mitad de dicho monto.

La Ley establece el derecho a educación en función de la calidad y equidad, y con todo el carácter de obligatoriedad de la Educación Básica, quedan fuera de las aulas aproximadamente 190 mil niños y niñas, y 6 de cada 10 no completan el nivel cada año.

La actual tasa neta de escolaridad de la Educación Secundaria indica que están fuera de las aulas 62 de cada 100 adolescentes.

El promedio para América Latina de la Educación Técnica Media comparada con la matrícula total de Secundaria es de un 30%, en la República Dominicana apenas llega a un 5%.

Como claro reflejo de la crisis de la Educación Secundaria, la participación de estudiantes de 18 a 24 años a nivel universitario es apenas de un 25.8%, uno de los índices más bajos de la región.

De los que llegan al nivel universitario en una gran proporción, de acuerdo a estudios recientes, evidencian competencias con nivel real equivalente a 5 grados de primaria.

Se puede afirmar fehacientemente que las distintas administraciones de la Secretaría de Estado de Educación, desde el 1995 hasta hoy, han hecho reales esfuerzos en hacer avanzar la educación dominicana; inclusive para el último proyecto de Presupuesto las autoridades actuales sometieron un monto apropiado que finalmente no fue aprobado.

A partir de la lectura que se hace, desde la paradigmática Ley de Educación 66-97, los acuciantes problemas educativos trascienden por las dimensiones de su propio sector y ponen en evidencia, al mismo tiempo, la ausencia y la necesidad de una estrategia integral de desarrollo.

Los nuevos enfoques del desarrollo humano que indican claramente las verdaderas prioridades de las naciones, la gerencia moderna aplicada al Estado como la organización de más alto nivel de la sociedad, y las tecnologías de información y comunicación, son los referentes para elaborar y poner en práctica un instrumento gerencial -no documentos- contentivo de la estrategia integral de desarrollo.

Debe ser esta una tarea inaplazable. Los reales avances logrados por el país en democracia electoral y en libertades públicas demandan de nuevas formas de dirección del Estado, que viabilicen y no obstruyan el progreso de la educación, área fundamental para el desarrollo de la Nación en un ambiente de paz.

(*) El Prof. Ramón Morrison es especialista en planificación y desarrollo. Tiene una maestría en Economía y es egresado del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de Paris, y de la Universidad Alcalá de Henares en España con una maestría en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social.